El glifosato y los pesticidas en Bolivia: un riesgo silencioso para la salud pública

Bolivia atraviesa una crisis silenciosa de salud pública relacionada con el uso masivo e indiscriminado de pesticidas, particularmente el glifosato, herbicida que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado como "probable carcinógeno" para los seres humanos. Los datos oficiales revelan una escalada alarmante en el consumo de estos agroquímicos que amenaza tanto la salud de las comunidades rurales como la seguridad alimentaria del país.

Un crecimiento exponencial preocupante

Las cifras oficiales muestran una tendencia devastadora: en los últimos 20 años, Bolivia quintuplicó el volumen de importación de agroquímicos. El país importó apenas 9,000 toneladas de plaguicidas en el año 2000, pero para 2021 esta cifra se disparó a 55,000 toneladas. En 2023, se registró el ingreso de 152,595 toneladas, con un consumo total aproximado de 63,000 toneladas métricas de plaguicidas durante ese año.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el uso de plaguicidas en el país se duplicó entre 2005 y 2018, pasando de 7,146 toneladas a 14,758 toneladas. Esta explosión en el consumo de agroquímicos está directamente vinculada con la expansión del cultivo de soya transgénica, concentrada principalmente en el departamento de Santa Cruz.

Un agravante reciente: incentivos a la importación

En agosto de 2024, el gobierno nacional emitió el Decreto Supremo Nº 5212, que exime del pago del Gravamen Arancelario a la importación de agroquímicos y maquinaria agrícola. Esta medida, vigente hasta junio de 2025, probablemente incrementará aún más los volúmenes de plaguicidas ingresando al país, generando preocupación entre organizaciones de salud pública y ambientalistas.

Santa Cruz: el epicentro de la contaminación

El departamento oriental se ha convertido en el epicentro del uso intensivo de pesticidas en Bolivia. Santa Cruz absorbe el 96% de los fungicidas, 97% de los herbicidas y 90% de los insecticidas importados al país. Más de 200 comunidades rurales están rodeadas por cultivos que emplean agroquímicos de manera intensiva, exponiendo a miles de familias campesinas a sustancias potencialmente cancerígenas.

Betty R., quien vive desde hace 35 años en Cuatro Cañadas, Santa Cruz, representa el rostro humano de esta crisis. Su caso, documentado en investigaciones recientes, ejemplifica cómo las comunidades rurales quedan atrapadas entre extensos monocultivos que utilizan pesticidas sin las debidas medidas de protección para la población civil.

La amenaza del glifosato

El glifosato, el herbicida más utilizado mundialmente y pilar del modelo de agricultura transgénica, ocupa un lugar central en esta problemática. Estudios científicos han encontrado residuos de esta sustancia en el 41% de las muestras de suelo analizadas en zonas agrícolas bolivianas, seguido por la atrazina con 32%.

La investigación científica internacional ha documentado extensamente los riesgos del glifosato. Más de 1,100 estudios científicos dan cuenta de sus efectos negativos en el ambiente y la salud humana. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS lo clasificó como probable carcinógeno, específicamente relacionado con linfomas no Hodgkin, basándose en suficiente evidencia de genotoxicidad y estrés oxidativo.

Los efectos inmediatos del glifosato incluyen irritaciones dérmicas y oculares, mareos, náuseas, problemas respiratorios y aumento de la presión sanguínea. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo son aún más preocupantes: alteraciones en la función renal, debilitamiento del sistema inmunológico y, según estudios recientes, posibles consecuencias patológicas duraderas en el sistema nervioso, incluyendo conexiones con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Sustancias prohibidas y regulación deficiente

La situación se agrava por el hecho de que Bolivia permite el ingreso de 453 principios activos de agroquímicos, de los cuales 24 son probablemente cancerígenos. En 2023, el país importó 15 de estos plaguicidas clasificados como "probables cancerígenos", comercializados bajo 242 marcas, alcanzando un total de más de 15 millones de litros. Adicionalmente, ingresaron 208,163 litros de spirodiclofen, que según la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas de la Unión Europea es cancerígeno.

Un estudio reciente del Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) reveló que Bolivia ocupa el segundo lugar en la región andina y Mercosur con mayor cantidad de uso indiscriminado de plaguicidas altamente peligrosos (PAP), con 87 de estas sustancias registradas o en uso, solo superado por Argentina con 126.

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) tenía registrados hasta finales de 2020 un total de 2,120 productos de insumos agrícolas, de los cuales 1,863 eran plaguicidas químicos de uso agrícola. Estos se concentran principalmente en herbicidas (35.5%), seguidos por insecticidas y fungicidas.

El problema del contrabando

Un aspecto crítico es que entre el 14% y 35% de los plaguicidas comercializados en Bolivia son de contrabando, según estimaciones de la Fundación Plagbol y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Esto significa que los datos oficiales de importación y uso representan apenas una fracción del problema real, ya que existe un importante subregistro de las sustancias químicas realmente utilizadas en el país.

Más allá de la agroindustria

El problema trasciende los límites de la agroindustria. Aunque el 63% de los pesticidas importados se emplean en el sector agropecuario industrial, el uso de plaguicidas se ha extendido también a la agricultura familiar campesina, donde pequeños productores, muchas veces sin la capacitación adecuada sobre los riesgos, emplean estos químicos en sus cultivos de subsistencia.

La Fundación Plagbol reportó que el 95% de agricultores con los que trabaja en diferentes municipios de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca han presentado síntomas de intoxicación aguda como consecuencia del uso de plaguicidas. Diversas investigaciones registraron intoxicaciones agudas y crónicas e incluso afectaciones genotóxicas en agricultores de municipios como Luribay, Punata, Sapahaqui, Villa Bolivia y 14 de Septiembre.

Plaguicidas en los alimentos

Dos monitoreos realizados en Cochabamba por la Fundación Agrecol Andes en 2023 y 2024 revelaron que productos como el tomate, lechuga, apio, trigo, papa y maíz presentaron residuos de plaguicidas, algunos altamente peligrosos e incluso cancerígenos. Las muestras fueron obtenidas en parcelas de producción, almacenes, ferias y mercados.

En los dos ciclos se identificaron 27 tipos diferentes de plaguicidas, de los cuales 12 (43%) son altamente peligrosos y uno es cancerígeno. Los cultivos más afectados fueron el tomate, apio y lechuga. Esta contaminación de la cadena alimentaria representa un riesgo sanitario que afecta a toda la población boliviana, no solo a las comunidades rurales directamente expuestas.

Asesoramiento seficiente y riesgos multiplicados

El escenario se agrava por el mal asesoramiento que brindan los comercializadores de agroquímicos. Una encuesta realizada por Agrecol Andes en 2021 a 391 vendedores de plaguicidas en La Paz, Chuquisaca y Cochabamba mostró resultados alarmantes: el 75% de los comerciantes recomiendan plaguicidas erróneos, y el 67% de las dosis recomendadas son inadecuadas.

Voces de alarma y resistencia

Organizaciones ambientales y de derechos humanos han levantado la voz de alarma sobre esta situación. El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia califica la situación como "un problema silencioso con graves consecuencias", enfatizando que la exposición a plaguicidas representa una amenaza preocupante para la salud pública.

Por su parte, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) ha documentado cómo Bolivia se ha convertido en "un país adicto al polémico glifosato", describiendo una dependencia económica y productiva que hace extremadamente difícil revertir esta tendencia.

Ante esta situación, instituciones de la sociedad civil boliviana, grupos de productores ecológicos y colectivos de consumidores responsables están llevando a cabo la campaña "QUITA EL VENENO DE TU PLATO, CONSUME ALIMENTOS SALUDABLES", cuyo objetivo es informar y motivar la acción colectiva sobre los decisores de políticas para eliminar los riesgos de producir y consumir alimentos con plaguicidas.

La defensa de la industria

El sector agroindustrial, representado por instituciones como el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), defiende el uso del glifosato argumentando que está probado que no es perjudicial para la salud cuando se lo usa de manera adecuada. Sin embargo, esta posición contrasta con la evidencia científica internacional y con las condiciones reales de uso en el país, donde la capacitación adecuada y las medidas de protección son frecuentemente insuficientes.

Desafíos regulatorios y de política pública

Bolivia enfrenta serios desafíos regulatorios. El proceso de registro de plaguicidas se ha vuelto extremadamente burocrático, con un promedio de 4 a 4.5 años desde el ingreso de la solicitud hasta la emisión del registro ante el Senasag y los ministerios de Medio Ambiente y Salud. Esta demora, sumada a la limitada capacidad de fiscalización, permite que el uso indiscriminado continúe sin control efectivo.

La falta de estudios epidemiológicos sistemáticos sobre la población expuesta dificulta la evaluación precisa del impacto sanitario. Según el Director de Programa Nacional de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, debido a la escasa formación del personal de salud al respecto y la consecuente disociación entre intoxicaciones crónicas y agudas con el uso de pesticidas, es probable que exista un subregistro importante.

Hacia un futuro sostenible

Expertos en salud pública y medio ambiente coinciden en la necesidad urgente de implementar políticas públicas que promuevan alternativas sostenibles de producción agrícola. Esto incluye el fomento de la agricultura agroecológica, la capacitación masiva sobre los riesgos de los pesticidas, y el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia sanitaria.

La transición hacia modelos productivos menos dependientes de agroquímicos no solo protegería la salud pública, sino que también garantizaría la sostenibilidad a largo plazo del sector agrícola boliviano, actualmente amenazado por la degradación de suelos y la pérdida de biodiversidad asociada al uso intensivo de pesticidas.

Conclusión

El caso boliviano ejemplifica cómo el modelo de agricultura industrial intensiva en el uso de pesticidas puede generar crisis sanitarias silenciosas que afectan a poblaciones enteras. Con más de 1,100 estudios científicos documentando los efectos nocivos del glifosato y otros agroquímicos, Bolivia no puede permitirse seguir ignorando esta amenaza a la salud pública.

La evidencia es clara: el país necesita urgentemente una política integral que aborde tanto la regulación estricta del uso de pesticidas como la promoción de alternativas productivas sostenibles. Solo así podrá proteger la salud de sus ciudadanos mientras mantiene la viabilidad de su sector agrícola.

El tiempo para actuar se agota, y cada día de inacción significa más comunidades expuestas, más familias en riesgo y un futuro cada vez más incierto para la salud pública boliviana.

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Este artículo se basa en investigaciones científicas publicadas, datos oficiales de instituciones bolivianas e internacionales, y reportes de organizaciones especializadas en salud pública y medio ambiente.