AL PUEBLO EDITORIAL
En un día que la historia podría recordar como un punto de inflexión para el futuro hídrico de la Argentina, el Senado de la Nación debatió el 26 de febrero de 2026 el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de Javier Milei para modificar la Ley 26.639, conocida como la Ley de Glaciares. La Cámara de Senadores aprobó los cambios a la ley y los mismos pasan a la Cámara de Diputados. A quince años de su sanción —celebrada a nivel mundial como la primera norma de este tipo en toda América Latina y la primera en el mundo—, los mismos intereses económicos que ya intentaron impedirla, vetarla y derogarla vuelven a la carga con un nuevo disfraz: el del federalismo y la seguridad jurídica para la minería.
Lo que está en juego no es una tecnicidad legal ni una discusión abstracta sobre competencias provinciales. Lo que está en juego es el agua. El agua de 39 cuencas hidrográficas que alimentan a más del 36% del territorio continental argentino. El agua que beben ciudades enteras, que riega campos y que sostiene ecosistemas únicos. Y, al fondo de todo, los glaciares: esas fábricas de agua silenciosas, lentas y milenarias que ningún poder económico ni político puede reconstruir una vez destruidas.
Argentina posee uno de los patrimonios glaciológicos más significativos del planeta. Según el Inventario Nacional de Glaciares elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del CONICET, en el país existen 16.968 cuerpos de hielo que cubren una superficie total de 8.484 kilómetros cuadrados —equivalente a 41 veces la Ciudad de Buenos Aires— distribuidos a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes en 12 provincias.
Estos cuerpos de hielo no son simples paisajes. Son infraestructura hídrica natural de importancia estratégica. Funcionan como verdaderos "tanques de agua" que almacenan el recurso en forma sólida durante las estaciones lluviosas y lo liberan gradualmente durante los períodos de sequía, precisamente cuando más se lo necesita. Según un informe de las organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina, WCS Argentina y Fundación Humedales/Wetlands, más de la mitad de las especies de vertebrados del país viven en regiones que dependen del agua glaciar, y una proporción aún mayor de las especies amenazadas requieren de este aporte hídrico.
El ambiente periglacial —ese territorio de suelos congelados y glaciares de escombros que rodea a los glaciares propiamente dichos— también cumple una función crítica, especialmente en las zonas áridas y semiáridas del norte argentino. Los glaciares de escombros, compuestos por roca con agua en sus intersticios, actúan como reservorios invisibles en regiones donde, como advierte la investigadora Gabriela González Trilla del CONICET, "cada gota cuenta e impacta directamente en el ambiente".
Sin embargo, estas "fábricas de agua" están en retroceso. Estudios del IANIGLA registraron una reducción del 17% del hielo descubierto en el noroeste argentino en la última década, y una contracción del 23% en los manchones de nieve perenne. En el propia informe presentado por Argentina ante la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en diciembre de 2024, el Estado argentino reconoció que 48 de los 50 principales glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur han presentado una reducción creciente. El glaciar Perito Moreno, ícono del país, perdió 800 metros de frente entre 2020 y 2024. Venezuela perdió su último glaciar. En Argentina, el glaciar Martial Sur, en Ushuaia, fue declarado extinto en 2024. El contexto global es alarmante: la Organización Meteorológica Mundial confirmó que 2025 fue uno de los tres años más cálidos registrados, con una temperatura media mundial que superó en 1,44°C el promedio preindustrial.
"Los glaciares, una vez destruidos, no pueden reconstruirse ni recomponerse. Esta es la diferencia fundamental entre un yacimiento mineral y un glaciar: uno puede agotarse y quedar en el pasado; el otro, si se destruye, se convierte en una deuda impagable hacia las generaciones futuras."
Para entender lo que está en juego hoy, es indispensable comprender el proceso excepcional mediante el cual nació la Ley de Glaciares. Su historia no comenzó en un despacho gubernamental ni fue redactada por lobbistas empresariales. Fue construida desde abajo, impulsada por la sociedad civil, las asambleas ciudadanas, la comunidad científica y legisladores que se animaron a enfrentar al poder corporativo.
En 2008, la entonces diputada Marta Maffei, con el respaldo del presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Miguel Bonasso, presentó un proyecto de ley para la protección de glaciares y el ambiente periglacial. El proyecto fue el resultado de un trabajo articulado con universidades, institutos científicos y organizaciones sociales. El Congreso lo aprobó con 47 votos afirmativos en el Senado y amplia mayoría en Diputados.
El 10 de noviembre de 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el Decreto 1837/08 y vetó la ley en su totalidad. Fue el primer veto total de su presidencia. En el decreto se argumentaba que la norma "podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas". Lo que el decreto no decía explícitamente, pero la historia registró con claridad, es que días antes de ese veto, la presidenta había recibido en la Casa de Gobierno a Peter Munk, entonces presidente de Barrick Gold Corporation, acompañado por el gobernador sanjuanino José Luis Gioja y el Secretario de Minería Jorge Mayoral, cuya cartera aparece mencionada en el propio decreto. El episodio quedó inscripto en la memoria colectiva como el "veto Barrick".
Frente al veto, más de 300 asambleas, organizaciones sociales, ecologistas y pequeños productores de todo el país se movilizaron. La presión ciudadana fue sostenida e intensa. En este contexto, el senador oficialista Daniel Filmus asumió un rol articulador y presentó un nuevo proyecto que, tras extensas negociaciones, logró ampliar las protecciones respecto del texto original vetado. La legislación del 2010 resultó finalmente más restrictiva para la minería que la norma que Cristina Kirchner había vetado dos años antes.
El 30 de septiembre de 2010, con el voto afirmativo de 35 senadores y ante la presión pública que obligó a la presidenta a comprometerse a no volver a vetar la norma y a dar libertad de acción a sus legisladores, el Congreso sancionó la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Fue una victoria histórica: la primera ley de este tipo en América Latina y en el mundo. Su implementación impidió que 44 proyectos mineros operaran sobre glaciares o ambiente periglacial.
Desde su sanción, la ley no conoció la paz. Apenas promulgada, en 2010 y 2011, Barrick Gold y la Cámara Minera de Jujuy presentaron demandas judiciales de inconstitucionalidad. En San Juan y Jujuy, los poderes judiciales provinciales suspendieron temporalmente la aplicación de la norma. El gobierno de Mauricio Macri intentó en 2016 modificarla, pero la filtración del proyecto y las denuncias públicas lo impidieron.
Ya con Milei en el poder, la Ley Ómnibus de 2024 incluyó modificaciones a la norma, pero la presión de organizaciones ambientales, científicos y el relator de la ONU lograron que esos artículos fueran retirados del proyecto. En junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había sentado un precedente fundamental: declaró por unanimidad la constitucionalidad de la ley y reafirmó que los derechos individuales —incluido el de propiedad— ceden ante los derechos colectivos como el derecho al agua.
En 2024 el presidente Milei también llegó a evaluar avanzar directamente por decreto (DNU), lo que habría sido abiertamente inconstitucional, entre otras razones por violar el Principio de No Regresión consagrado en el Acuerdo de Escazú, tratado internacional suscripto por Argentina.
El proyecto enviado por el Ejecutivo al Senado en 2026 se presenta bajo una retórica de "precisión técnica", "federalismo" y "seguridad jurídica". Sin embargo, sus efectos reales van en una dirección inequívoca: debilitar la protección de los cuerpos de hielo para habilitar la minería en zonas actualmente vedadas.
El cambio estructural más grave de la reforma es la inversión de la lógica de los presupuestos mínimos ambientales. La ley vigente establece una protección nacional y uniforme: ninguna actividad minera puede realizarse sobre glaciares ni sobre el ambiente periglacial. La reforma propuesta transfiere a las provincias la potestad de determinar cuáles áreas constituyen "reservas estratégicas de agua dulce" y, por tanto, cuáles merecen protección.
Este cambio no es federalismo: es la eliminación del piso mínimo de protección. Las mismas jurisdicciones que promueven activamente los proyectos mineros —y que perciben regalías por ellos— serían las encargadas de definir los límites de la protección ambiental. Es un conflicto de interés institucionalizado. Como advierte Chequeado, el resultado podría generar conflictos entre jurisdicciones por el acceso al agua, en un contexto de cambio climático que ya está reduciendo los caudales hídricos.
La reforma también plantea reemplazar la protección automática por zona (es decir, por estar en un área glaciar o periglaciar) por una protección basada en la "función hídrica efectiva" de cada cuerpo de hielo. Bajo este criterio, si un glaciar de escombros no es considerado un aporte hídrico "significativo", podría quedar desprotegido.
Los científicos del IANIGLA advierten que este criterio es técnicamente problemático. Aplicar exclusivamente un criterio de volumen, señala la doctora González Trilla, "podría conducir a la desprotección de glaciares de escombros, pese a su relevancia ecológica", especialmente en regiones áridas. Además, la identificación de esa función hídrica pasaría a depender, en los hechos, de estudios de impacto ambiental elaborados y financiados por las propias empresas mineras que buscan operar en esas zonas.
No es casual que la reforma sea impulsada con especial energía desde provincias como San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy. En esas jurisdicciones se concentran los proyectos de cobre y litio de mayor envergadura del país, muchos de ellos bloqueados o condicionados por la Ley de Glaciares. El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Roberto Cacciola, fue explícito: "Si se aprueba la reformulación de la Ley de Glaciares, las perspectivas en cobre son excelentes: este año las inversiones serán unos 2.000 millones de dólares y en 2027 más de 5.000 millones".
Entre los proyectos que aguardan se destaca el "Distrito Vicuña" en San Juan —la fusión de Josemaría y Filo del Sol, entre las empresas BHP y Lundin Mining—, con una inversión estimada de más de 18.000 millones de dólares y ya declarado como primer "Proyecto de Exportación Estratégica" bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La consultora internacional Benchmark Mineral Intelligence identificó cuatro de los doce mayores proyectos cupríferos greenfield del mundo en territorio argentino.
El debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares no puede comprenderse sin atender a su dimensión geopolítica. La premura del gobierno de Milei por modificar la norma en sesiones extraordinarias de febrero de 2026 no es accidental: coincide en el tiempo con la firma del "Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos" entre Argentina y Estados Unidos, rubricado el 4 de febrero de 2026.
Ese acuerdo bilateral establece compromisos explícitos para "acelerar, simplificar o desregular los plazos y procesos de otorgamiento de permisos, incluidos aquellos necesarios para la minería, separación y procesamiento de minerales críticos". El texto compromete a Argentina a "priorizar a Estados Unidos como socio comercial y de inversión" en litio, cobre y otros minerales estratégicos. En paralelo, la administración de Donald Trump lanzó el llamado "Proyecto Vault" (Bóveda), una reserva estratégica de minerales críticos valuada en casi 12.000 millones de dólares, en el marco de la disputa geopolítica con China por el control de las cadenas de suministro de materiales clave para la transición energética y la industria bélica.
El propio acuerdo incluye un apartado sobre "Cartografía geológica" mediante el cual Argentina se compromete a compartir con Estados Unidos información sobre sus recursos minerales. El Poder Ejecutivo manejó los tiempos del debate parlamentario de modo que el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares coincidiera con la firma de este acuerdo, ofreciendo a Washington uno de los compromisos regulatorios más concretos: la desprotección de las áreas que bloquean los proyectos de cobre y litio.
No estamos ante una reforma técnica de una ley ambiental. Estamos ante la entrega de recursos estratégicos irreemplazables —el agua— a una cadena de intereses que incluye corporaciones mineras transnacionales, gobernadores provinciales con fuerte dependencia de las regalías mineras, y las demandas geopolíticas de la potencia del norte.
"El debate ya no se limita al reparto de competencias entre Nación y provincias, sino que se inscribe en la nueva arquitectura global de los minerales críticos. La discusión ya no es si habrá cambios en la Ley de Glaciares, sino cuándo y cómo. Pero hay preguntas que esa discusión omite deliberadamente: ¿a qué costo?, ¿a costa de quién?, ¿a qué precio para las generaciones futuras?"
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) —integrada mayoritariamente por grandes empresas transnacionales— nunca aceptó la vigencia de la Ley de Glaciares. En distintos momentos históricos la objetó judicialmente, intentó modificarla por decreto, la atacó en la Ley Bases y, ahora, con el gobierno más afín a sus intereses en décadas, volvió a la ofensiva. La estrategia retórica es siempre la misma: presentar a los ambientalistas como enemigos del desarrollo y a la ley como un obstáculo arbitrario y técnicamente impreciso.
El directivo de la CAEM Alfredo Vitaller lo expresó sin eufemismos: "Nosotros hace mucho que tenemos diálogo permanente con las provincias; qué mejor que ellas cuidando sus propios recursos. Hacia el 2035 se va a duplicar la demanda de cobre. Tenemos una ventana de oportunidad única. Y a los ambientalistas les digo: ustedes que quieren poner paneles solares, sepan que para eso se necesita cobre". El argumento es perfecto en su cinismo: usar la demanda de energías renovables para justificar la destrucción de reservas hídricas naturales.
El argumento técnico favorito de los impulsores de la reforma es que la definición de "ambiente periglacial" en la ley vigente es demasiado amplia e "indefinida", lo que habilitaría bloqueos a proyectos mineros incluso en zonas donde no existirían recursos hídricos relevantes. Sin embargo, la ley no es indefinida: establece criterios científicos y delega en el IANIGLA su aplicación técnica. El inventario existe, fue publicado en 2018, actualizado en 2024 y está en proceso de renovación continua. Como señala el propio IANIGLA, la metodología cuenta con instancias de validación institucional.
El verdadero problema no es la imprecisión científica de la ley: es que los criterios científicos no convienen a los intereses mineros. La reforma propone reemplazar esa precisión científica por decisiones políticas provinciales. Es, literalmente, sustituir la ciencia por la conveniencia económica.
El presidente Milei afirmó que la reforma "es para devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar". Este argumento ignora deliberadamente que la Corte Suprema ya zanjó este debate en 2019: la protección de glaciares es una competencia concurrente entre Nación y provincias, y la ley de presupuestos mínimos tiene plena validez constitucional. El federalismo no puede ser una herramienta para reducir la protección ambiental: la Constitución Nacional establece en su artículo 41 que el Estado debe proveer a la protección del ambiente y que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer. El principio de no regresión ambiental, consagrado además en el Acuerdo de Escazú —tratado internacional con rango supralegal—, impide que una reforma legal retroceda en la protección ya alcanzada.
La destrucción de los glaciares y del ambiente periglacial no es una pérdida abstracta. Tiene consecuencias concretas, medibles y devastadoras para las comunidades que dependen de esas fuentes de agua.
Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas. El deshielo sostiene el caudal de los ríos que riegan los viñedos de Mendoza, los olivares de San Juan, los frutales del Alto Valle de Río Negro. En las ciudades cordilleranas, el agua que llega a las canillas proviene en gran medida del deshielo estacional. En un contexto de cambio climático que ya está reduciendo las precipitaciones de montaña, los glaciares son el único amortiguador natural disponible. Sin ellos, las sequías se harán permanentes.
La analista Tierra Viva lo señala con precisión: la destrucción de glaciares genera un "vaciamiento de territorios": el desplazamiento de las economías agrícolas, criadoras y artesanales que brotan aguas abajo, la expulsión de comunidades hacia la urbanización precaria, la dependencia creciente de insumos externos. El extractivismo minero ofrece 15 o 20 años de explotación. Los glaciares ofrecen siglos de agua.
A su vez, la reforma implica una cesión de soberanía. Al comprometerse con Estados Unidos a desregular los procesos de aprobación minera, compartir información geológica estratégica y priorizar a inversores norteamericanos sobre otros actores, Argentina está entregando el control de sus recursos naturales más valiosos —el agua— a la lógica de la demanda externa y la geopolítica de las potencias.
"Sin glaciares no tendremos agua. Sin agua no hay ciudadanía que sobreviva. —Agencia Tierra Viva, 2026"
Frente al relato oficial que presenta a la Ley de Glaciares como un obstáculo al desarrollo, los datos muestran lo contrario: la ley ha funcionado. Desde su sanción, impidió la operación de 44 proyectos mineros sobre glaciares y ambiente periglacial, sin que ello haya detenido el crecimiento de la industria minera en Argentina, que en 2025 alcanzó exportaciones récord de 6.037 millones de dólares, un crecimiento del 30% interanual.
La comunidad científica argentina es unánime en su rechazo a la reforma. Investigadores del IANIGLA, del CONICET, de universidades nacionales y de institutos ambientales han expresado que cualquier modificación que retroceda en la protección de los cuerpos de hielo constituiría un error científico y un riesgo hídrico de consecuencias irreversibles. El abogado ambientalista Darío Ávila la califica como un plan que "ve en la profundización y la perpetuación del modelo extractivo el salvataje económico" del país.
La respuesta social tampoco tardó. El mismo día del debate en el Senado, decenas de activistas se manifestaron frente al Congreso. Al menos doce fueron detenidos por la Policía Federal tras saltar las rejas del edificio. El cartel desplegado por Greenpeace en las escalinatas lo resumía todo: "El agua es un derecho, no se negocia".
Las organizaciones ambientales también recuerdan que la conquista de 2010 fue posible gracias a más de 200.000 personas movilizadas, y que el movimiento en defensa de los glaciares es tan global como el problema del cambio climático. Argentina fue pionera en protegerlos. Reformar esa protección sería un retroceso no solo nacional, sino un mensaje negativo para el mundo entero.
La historia de la Ley de Glaciares es la historia de un tira y afloje permanente entre dos modelos de país: uno que concibe los recursos naturales como mercancía al servicio de la extracción cortoplacista, y otro que los concibe como bienes comunes, como patrimonio colectivo de las generaciones presentes y futuras.
El gobierno de Milei ha presentado la reforma como modernización, como federalismo, como necesidad geopolítica. Pero detrás de esas palabras están los mismos intereses de siempre: corporaciones mineras transnacionales que quieren expandir su frontera de extracción; provincias con gobiernos que priorizan las regalías de corto plazo sobre la sostenibilidad de largo plazo; y una potencia extranjera que necesita minerales para su transición energética y su competencia con China, y que encontró en el gobierno argentino un socio dispuesto a cualquier concesión.
El argumento del desarrollo económico se repite, pero los datos lo contradicen: la minería puede crecer respetando la Ley de Glaciares, como lo prueba el récord exportador de 2025. Lo que no puede hacerse es destruir un glaciar y luego reconstruirlo. Lo que no puede hacerse es contaminar una cuenca y devolverle la vida. Lo que no puede hacerse es quitarle el agua a los pueblos cordilleranos y después ofrecerles en compensación las promesas de un boom minero que durará dos décadas.
La Ley 26.639 no es perfecta. Puede mejorarse, puede precisarse en sus alcances técnicos, puede implementarse con más eficiencia. Pero cualquier mejora debe hacerse en la dirección de una mayor protección, no de una menor. El Principio de No Regresión no es un capricho ideológico: es el reconocimiento de que algunos recursos, una vez perdidos, no vuelven.
Los glaciares se están derritiendo. El cambio climático avanza sin pausa. La demanda de agua crecerá. En ese escenario, la Ley de Glaciares no es un obstáculo al desarrollo: es una de las pocas protecciones que le quedan a la Argentina para garantizar que dentro de cincuenta años sus ciudades, sus campos y sus ecosistemas aún tengan agua. Modificarla en favor de la minería transnacional, en el contexto de un acuerdo geopolítico con Washington y bajo la presión de empresas que no van a sufrir las consecuencias de su propia codicia, sería una decisión histórica que las generaciones futuras no van a perdonar.
Los glaciares no tienen voz. El agua no vota. Por eso es deber de la ciudadanía, de la ciencia y de la política con visión de largo plazo defenderlos con la contundencia que la historia —y la física— exigen.
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Fuentes consultadas
— IANIGLA / CONICET. Inventario Nacional de Glaciares (2018, actualización 2024). Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
— Greenpeace Argentina. "15 años de la Ley de Glaciares: 5 momentos clave de lucha colectiva" y "Cronología de nuestra campaña para defender los Glaciares". Greenpeace.org.ar.
— Chequeado. "Ley de Glaciares: 4 claves para que entiendas su relevancia y qué quiere cambiar el Gobierno". 26 de febrero de 2026.
— Infobae. "Qué establece la Ley de Glaciares y cómo son los cambios que propone la reforma". 15 de febrero de 2026.
— El Cronista. "Ley de Glaciares: qué dice la norma original y los cambios que propone Milei". 26 de febrero de 2026.
— Agencia Tierra Viva. "Reformas que matan: los cambios en la Ley de Glaciares y en el derecho laboral son caras del mismo despojo". 26 de febrero de 2026.
— Agencia Tierra Viva. "La Ley de Glaciares en riesgo de extinción". Noviembre de 2025.
— Medios UNNE. "Ley de Glaciares: cualquier modificación no debería retroceder en su protección". 24 de febrero de 2026.
— El Destape. "Con los cambios en la Ley de Glaciares, Milei quiere balcanizar los recursos naturales". Febrero de 2026.
— MDZ Online. "Ley de Glaciares: la geopolítica se cuela en el debate por el desarrollo de la minería en el país". 23 de febrero de 2026.
— Ámbito Financiero. "Minerales críticos, uno de los pilares del nuevo acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos". Noviembre de 2025.
— Panorama Minero. "Argentina avanza acuerdo en sectores estratégicos con EEUU, mientras prepara cambios en la Ley de Glaciares". Noviembre de 2025.
— El Salto Diario. "Milei lanza una ofensiva contra las leyes medioambientales en Argentina". Diciembre de 2025.
— Ecología Política. "El proceso de juridificación de la Ley de Glaciares en las disputas por la megaminería en Argentina".
— Infobae. "EEUU impulsa un frente en la guerra fría por los minerales críticos: el rol estratégico de la Argentina". Enero de 2026.
— Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. "¿A quién le importa los glaciares y el movimiento socioambiental?". 2025.
— Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Fallo sobre constitucionalidad de la Ley 26.639. Junio de 2019.
— Organización Meteorológica Mundial. Informe sobre temperaturas globales 2025.
— Wikipedia. "Ley de protección de glaciares". Actualización 2025.
— Tiempo de San Juan. "Del veto de Cristina a la apuesta de Milei: la sinuosa historia de la Ley de Glaciares". 26 de febrero de 2026.
