
NUNCA MÁS
AL PUEBLO EDITORIALHay fechas que no pasan. Que no se disuelven en el sedimento neutro del tiempo. El 24 de marzo de 1976 es una de ellas: el día en que las Fuerzas Armadas argentinas interrumpieron el orden constitucional, disolvieron el Parlamento, depusieron a la presidenta María Estela Martínez de Perón e instalaron una Junta Militar que gobernaría con el terror como principal instrumento de poder. Cincuenta años después, el espejo de aquella oscuridad sigue siendo necesario. No como un gesto ritual o partidario, sino como un acto de higiene democrática, como la afirmación más honda de que una sociedad aprendió —a sangre y dolor— qué significa perder todo.
Este 24 de marzo de 2026, la Argentina cumple medio siglo del inicio de una de las dictaduras más cruentas del siglo XX en América Latina. Y el mundo, que atraviesa su propio ciclo de fragilidades institucionales, tiene razones propias para escuchar esta historia. Porque el Nunca Más no es solo una consigna argentina: es una advertencia universal.

I. La noche que cayó sobre Argentina
La madrugada del 24 de marzo de 1976 comenzó como tantas otras en Buenos Aires: el rumor de tanques en las calles, la cadena de radio que interrumpió la programación habitual, la voz metálica que proclamó el fin de un gobierno. A las 3:21 de la mañana, los generales Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Agosti tomaron el poder. Nació así el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
El eufemismo era preciso en su perversidad. No había nada de reorganización: era un plan sistemático de exterminio político. La dictadura cívico-militar que se extendería hasta el 10 de diciembre de 1983 montaría una maquinaria del horror sin precedentes en la historia del país, aunque sus patrones —los vuelos de la muerte, las salas de tortura, los bebés robados— encontrarían réplicas estremecedoras en Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia bajo la coordinación del Plan Cóndor.
La lógica totalitaria que guió al régimen: la eliminación no solo de la disidencia activa, sino de cualquier forma de vida que escapara a su definición de lo permisible. Estudiante universitario, sindicalista, psicólogo, periodista, sacerdote tercermundista, judío practicante o simplemente familiar de alguien que figuraba en una lista: todos podían ser objetivo.
II. La arquitectura del horror: cifras y mecanismos
El régimen no operó en el vacío ni en la improvisación. Construyó una infraestructura del terror: una red de centros clandestinos de detención (CCD) distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, muchos de ellos instalados dentro de dependencias militares, policiales y penitenciarias del propio Estado.
30.000 desaparecidos - Cifra reconocida por organismos de derechos humanos. La CONADEP documentó 8.961 casos con nombre y apellido; los organismos advierten que la mayoría de los casos nunca fue denunciada por terror o por desconocimiento.
+340 centros clandestinos de detención - Documentados en todo el territorio argentino. El más emblemático: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires, por donde pasaron entre 4.000 y 5.000 personas; sólo sobrevivieron unas 200.
500 (aprox.) niños apropiados - Bebés nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres. Sus identidades fueron borradas y entregados a familias vinculadas al régimen. Las Abuelas de Plaza de Mayo han recuperado hasta marzo de 2026 más de 135 identidades.
+500.000 exiliados - Argentinos que debieron abandonar el país durante el período dictatorial. Escritores, científicos, artistas, políticos y trabajadores que encontraron refugio en México, España, Francia, Suecia y otros países.
7 (1976–1983) años de dictadura - El régimen militar se extendió por cuatro presidencias de facto: Videla (1976–1981), Viola (1981), Galtieri (1981–1982) y Bignone (1982–1983).
La ESMA —hoy Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos— fue la nave insignia de ese sistema. Los detenidos eran mantenidos encapuchados, esposados, sometidos a picana eléctrica, colgamiento, asfixia y violaciones sistemáticas. Muchos fueron arrojados vivos al Río de la Plata o al océano desde aviones de la Armada: los llamados vuelos de la muerte, cuya existencia fue confesada en 1995 por el ex capitán Adolfo Scilingo y confirmada por múltiples testimonios y pericias forenses posteriores.
El robo de bebés fue otro crimen de especial crueldad: embarazadas secuestradas eran mantenidas con vida hasta el parto en los CCD. Sus hijos nacían en condiciones inhumanas —a veces asistidos por médicos militares— y eran entregados a parejas de personal del régimen o de civiles cómplices. Las madres, luego, desaparecían. Este crimen no tenía precedente jurídico claro: era, en palabras de la fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad Gabriela Sosti, "una apropiación planificada de la identidad, un borrado de la existencia".
III. La resistencia que no se apagó: las Madres, las Abuelas, los sobrevivientes
La resistencia al terror comenzó incluso antes de que el terror tuviera nombre oficial. En abril de 1977, catorce mujeres se reunieron en la Plaza de Mayo con una pregunta que el régimen no podía responder y tampoco podía callar: ¿Dónde están nuestros hijos? Las Madres de Plaza de Mayo nacieron de esa pregunta. Caminaron en círculos para no ser dispersadas por la policía. Usaron pañuelos blancos para reconocerse. Fueron llamadas "locas" por los militares. Muchas de ellas fueron también secuestradas y asesinadas, como Azucena Villaflor, fundadora del movimiento, cuyos restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en 2005, 28 años después de su vuelo de la muerte.
Las Abuelas de Plaza de Mayo, fundadas en 1977, emprendieron una búsqueda aún más específica: encontrar a los nietos apropiados. Su contribución fue también científica: impulsaron el desarrollo del índice de abuelidad, una herramienta forense de comparación genética que permitió, por primera vez en la historia, determinar el parentesco de segunda generación a través del ADN. El Banco Nacional de Datos Genéticos, creado en Argentina en 1987, se convirtió en modelo internacional y ha servido de referencia para búsquedas similares en Chile, Uruguay, Guatemala y España.
Cada "nieto" recuperado es una historia que vuelve a sus raíces y, simultáneamente, una condena al régimen que la había borrado. El nieto 135, cuya identidad fue restituida en 2024, tenía 47 años. Había vivido toda su vida con otro nombre, otra historia, otra familia. El momento de la restitución identitaria es, según los propios nietos, una experiencia que desafía toda narrativa lineal: no es la recuperación de una identidad perdida, sino la construcción de una nueva sobre los escombros de la mentira.
"Somos las locas de la Plaza. Pero nuestra locura es la única cordura posible frente a la barbarie." — Hebe de Bonafini, Asociación Madres de Plaza de Mayo
IV. El retorno de la democracia y el camino hacia la justicia
La derrota en la Guerra de Malvinas (abril–junio de 1982) precipitó el colapso del régimen. El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín ganó las elecciones presidenciales con el 52% de los votos. Su triunfo representó el retorno de la democracia, pero también el inicio de una batalla más larga y compleja: la de la justicia transicional.
En diciembre de 1983, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), presidida por el escritor Ernesto Sábato. Su trabajo de diez meses, que incluyó testimonios de sobrevivientes, visitas a sitios de detención y revisión de documentos, produjo el informe Nunca Más, presentado en septiembre de 1984. El documento, de más de 50.000 páginas en sus archivos completos —con un resumen publicado en un libro que se convirtió en best-seller inmediato— fue el primer informe oficial de una comisión de la verdad en América Latina. Su título, Nunca Más, se transformó en el nombre de una era.
En 1985, el Juicio a las Juntas se convirtió en un hito histórico sin precedentes: por primera vez en América Latina, líderes militares fueron juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad por tribunales civiles de su propio país. Videla y Massera recibieron cadena perpetua. Agosti, cuatro años y medio. Fue un acto de justicia sin precedente en el mundo: Nuremberg había sido un tribunal de vencedores sobre vencidos; aquí era un Estado democrático juzgando a quienes habían usurpado ese mismo Estado.
Sin embargo, el camino no fue lineal. Las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), presionadas por alzamientos militares —los llamados "carapintadas"—, frenaron los juicios y generaron una herida profunda en la conciencia colectiva. Los indultos presidenciales de Carlos Menem (1989–1990) liberaron a los comandantes ya condenados. La impunidad pareció ganar la partida.
Fue necesaria una nueva generación de lucha. En 2003, el Congreso argentino, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por inconstitucionales. En 2005, la Corte Suprema ratificó esa nulidad. Los juicios se reabrieron. Desde entonces y hasta 2026, más de 1.100 personas han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad en causas relacionadas con la última dictadura. El proceso judicial continúa activo: hay decenas de causas en distintas etapas de sustanciación en tribunales federales de todo el país.

V. La ESMA: del horror a la memoria
El 24 de marzo de 2004, en el marco del 28.° aniversario del golpe, el entonces presidente Néstor Kirchner encabezó el acto de traspaso de los predios de la ESMA a la Ciudad de Buenos Aires para su conversión en un espacio dedicado a la memoria. Kirchner se quitó el cuadro del dictador Videla de la pared del Colegio Militar en un gesto que concentró todo el simbolismo del quiebre institucional.
Hoy el Espacio para la Memoria en la ex-ESMA es un polo de reflexión, archivo y denuncia que recibe más de 200.000 visitantes anuales, entre los que se cuentan delegaciones de todo el mundo. Su arquitectura preserva los sitios del horror —el "Sótano", el "Pañol", la "Capucha"— junto a centros de producción cultural, museos, archivos y oficinas de organismos de derechos humanos. Es, en muchos sentidos, la contrafigura exacta de lo que fue: un lugar donde la vida y la memoria resisten donde antes reinaban la muerte y el olvido.
VI. El Plan Cóndor y la dimensión latinoamericana del terror
El terrorismo de Estado argentino no fue una aberración aislada. Fue parte de una estrategia regional coordinada: la Operación Cóndor, acuerdo secreto de cooperación represiva entre las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil —con conocimiento y apoyo logístico de la CIA y el Departamento de Estado norteamericano, documentado en archivos desclasificados desde la década de 1990.
Bajo el Cóndor, opositores políticos exiliados eran perseguidos y asesinados en terceros países. El asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington D.C. en 1976, el secuestro de legisladores uruguayos en Buenos Aires, la entrega de militantes argentinos por parte de la dictadura uruguaya a la SIDE argentina: son episodios concretos de una trama transnacional del horror. Se estima que la Operación Cóndor fue responsable de al menos 60.000 muertes, 400.000 encarcelamientos y 500.000 exilios en toda la región.
La persecución judicial del Cóndor continúa. En 2016, un tribunal italiano condenó in absentia a 24 militares de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay por el secuestro y asesinato de ciudadanos de origen italiano en el marco del Plan Cóndor. Fue una de las primeras condenas penales internacionales de la operación. En Argentina, la Megacausa Cóndor ha avanzado con condenas a perpetua para varios de sus responsables directos.
VII. El Nunca Más como patrimonio de la humanidad
En 2003, el informe Nunca Más fue incluido en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO, reconociendo su valor como patrimonio documental de la humanidad. No es un accidente: el documento argentino se convirtió en modelo para procesos de justicia transicional en Guatemala, Perú, Sudáfrica, Rwanda, Sierra Leona, Timor Oriental y otros países que atravesaron períodos de violencia masiva.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica (1996–2002), el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (1994), el proceso de juicios contra Slobodan Milošević en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia: todos bebieron, de manera directa o indirecta, de la experiencia argentina. La idea de que los crímenes de Estado no prescriben, de que los victimarios pueden y deben ser juzgados por sus propias sociedades, de que la verdad es condición necesaria de cualquier reconciliación genuina —todo ello tiene, entre sus fuentes, la experiencia argentina de los años 80.
El Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional (1998) y que entró en vigor en 2002, incorporó la categoría de crímenes de lesa humanidad con una definición que recoge explícitamente las experiencias de Argentina, Yugoslavia y Rwanda. Los desaparecidos argentinos no solo son víctimas de una historia nacional: son también pilares del derecho internacional humanitario contemporáneo.
"La memoria no es nostalgia. Es el antídoto más poderoso que la humanidad ha encontrado contra la repetición del horror." — Baltasar Garzón, magistrado español, promotor de la causa universal contra Pinochet
VIII. Las voces que resisten el olvido: literatura y arte como memoria
No toda memoria se construye en los tribunales o en los archivos. Una parte fundamental de la memoria colectiva vive en la literatura, en el cine, en el teatro, en la música. Rodolfo Walsh, periodista y escritor asesinado el 25 de marzo de 1977 —un día después del primer aniversario del golpe— publicó su "Carta Abierta a la Junta Militar" horas antes de ser emboscado y muerto. Su texto, redactado con la precisión de un cirujano y la furia de un testigo, es considerado uno de los documentos más lúcidos jamás escritos sobre el terrorismo de Estado. Walsh lo distribuyó por correo antes de morir: sabía que no volvería.
Osvaldo Bayer, Hebe Uhart, Luisa Valenzuela, Juan Gelman —quien buscó durante años a su nieta nacida en cautiverio y la encontró en Uruguay en 2000— son voces que tejieron desde el exilio y desde adentro una literatura del testimonio que no permite que los hechos se conviertan en abstracción. El cine argentino también levantó esa bandera: "La noche de los lápices" (1986), "La historia oficial" (ganadora del Oscar en 1986), "Crónica de una fuga" (2006) o la reciente "Argentina, 1985" (2022), nominada al Oscar y vista por millones en el mundo, han llevado esa historia a audiencias globales que quizás nunca habrían llegado a ella por la vía académica o judicial.
El mural de las Madres en la Plaza de Mayo, el pañuelo blanco replicado en manifestaciones de derechos humanos de Buenos Aires a Barcelona, de Ciudad de México a París: la iconografía del Nunca Más ha cruzado todos los idiomas y todas las latitudes. En 2024, el símbolo del pañuelo blanco fue adoptado por grupos de activistas en varios países para protestar contra la represión estatal. El símbolo sobrevivió a sus creadoras y se volvió universal.
IX. El presente: amenazas a la memoria y la necesidad de vigilancia
Conmemorar no es suficiente si no hay vigilancia. En los últimos años, Argentina y el mundo han asistido al resurgimiento de discursos que minimizan, relativizan o directamente niegan los crímenes de la dictadura. En el propio país, funcionarios de gobierno han llamado "guerra" a lo que fue un genocidio unilateral; han cuestionado la cifra de 30.000 desaparecidos como si la disputa por un número pudiera borrar el horror documentado; han visitado en prisión a represores condenados como si los tribunales hubieran cometido un error.
Esta no es una peculiaridad argentina. En todo el mundo, el negacionismo histórico emerge como síntoma de regresión democrática. Las leyes que criminalizaron la negación del Holocausto en Alemania, Austria y Francia fueron construidas sobre la misma premisa que el Nunca Más argentino: que hay hechos que no pueden ser relativizados sin comprometer la posibilidad misma de la democracia. La negación de un genocidio no es una opinión legítima dentro del debate público: es un acto de violencia simbólica contra las víctimas y una amenaza concreta a la convivencia futura.
Los organismos de derechos humanos argentinos llevan décadas advirtiéndolo: la impunidad no es solo la ausencia de castigo. La impunidad comienza cuando la sociedad deja de nombrar correctamente lo que ocurrió. Cuando acepta que el terror del Estado fue una respuesta "excesiva pero comprensible" a una "guerra". Cuando tolera que quienes torturaron y mataron sean presentados como héroes de otra causa. Cada vez que eso ocurre, la brecha entre el presente y el horror se vuelve un poco más angosta.
X. Las nuevas generaciones y el compromiso con la memoria activa
A cincuenta años del golpe, la pregunta más urgente no es si la memoria se mantiene viva en quienes la vivieron en carne propia —ellos se van, inevitablemente, con sus cuerpos y sus heridas—, sino si las generaciones que no lo vivieron serán capaces de sostenerla. La respuesta, por ahora, es esperanzadora.
Los H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), fundados en 1995, introdujeron una nueva forma de reclamo: el escrache, la visibilización pública de los represores que vivían en sus barrios con total impunidad. Su práctica se extendió a España, Italia, Alemania y Holanda, donde también actuaron represores de la dictadura. Una metodología nacida en Buenos Aires se volvió herramienta global de memoria.
Las escuelas secundarias argentinas, por ley, conmemoran el 24 de marzo. Los programas de educación en derechos humanos se han extendido a nivel nacional. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), fundado en 1984, se ha convertido en referencia mundial y ha trabajado en más de 40 países identificando víctimas de represión estatal, desde Guatemala hasta España, desde Kosovo hasta Sudán.
Pero la memoria activa no puede ser solo institucional. Requiere también de ciudadanos dispuestos a incomodarse, a sostener la tensión entre el pasado y el presente, a resistir la tentación de la normalización. Requiere periodistas que investiguen, jueces que no cedan a las presiones, artistas que no busquen refugio en la comodidad, maestros que no teman enseñar lo que duele.
XI. Argentina ante el mundo: un modelo imperfecto y necesario
Argentina no es un ejemplo de justicia perfecta. El camino fue tortuoso, interrumpido, plagado de retrocesos. Hubo impunidades que aún no se han saldado, verdades que aún no se han dicho, crímenes que aún aguardan condena. Hay causas que llevan décadas sin resolución. Hay generaciones de víctimas que murieron sin ver justicia.
Y sin embargo, el proceso argentino es estudiado en universidades de todo el mundo precisamente porque esas imperfecciones lo hacen más real, más enseñable. Un proceso de justicia transicional no es un interruptor que se enciende de golpe: es una construcción social lenta, disputada, nunca terminada. Argentina ha demostrado que esa construcción es posible. Que una democracia puede juzgar a sus propios militares. Que la sociedad civil puede sostener durante décadas una demanda de verdad sin abandonarla. Que la memoria no solo es un derecho de las víctimas: es una necesidad de la sociedad.
"La lucha de la memoria contra el olvido es la lucha del ser humano contra el poder." — Adaptación de Milan Kundera, frecuentemente citada por organismos de DD.HH. argentinos
XII. Nunca Más: el mandato que sigue vigente
Hay una paradoja en la palabra Nunca Más. Dice "nunca más" como si la sola enunciación pudiera garantizar el cumplimiento del mandato. Como si nombrarlo fuera suficiente. La historia, cruelmente, nos enseña que no lo es. El genocidio en Rwanda ocurrió cincuenta años después del Holocausto. La limpieza étnica en Bosnia ocurrió en los años 90 en el corazón de Europa. Las desapariciones forzadas continúan ocurriendo hoy en México, en China, en Siria, en Nicaragua, en Bielorrusia.
Por eso el Nunca Más no es una promesa cumplida: es un trabajo permanente. Es la convicción —renovada cada año, cada día, cada vez que una institución democrática resiste una presión autoritaria— de que el horror no es inevitable, de que las sociedades tienen la capacidad de elegir. Y de que esa elección no se hace una sola vez, en un referéndum o en una elección: se hace todos los días, en las decisiones pequeñas y grandes de los ciudadanos, de los funcionarios, de los medios de comunicación, de las escuelas, de los tribunales.
A cincuenta años del golpe, la Argentina le dice al mundo lo que aprendió con su propio cuerpo: que la democracia no es un estado permanente sino una conquista frágil que se defiende activamente o se pierde. Que los derechos humanos no son un adorno del discurso político sino la condición de posibilidad de cualquier convivencia civilizada. Que la memoria es poder: el poder de los que no tienen otro poder que el de su testimonio.
Treinta mil ausentes siguen presentes. No como fantasmas que paralizan, sino como brújula que orienta. Su presencia no es melancolía: es exigencia. La exigencia de que sus nombres nunca se vuelvan estadística. De que cada uno de ellos —el maestro de La Plata, la estudiante de Tucumán, el obrero de Rosario, el sacerdote de Córdoba, la madre que salió a buscar a su hijo y no volvió— sea reconocido como lo que fue: una vida plena, arrasada por el poder cuando se creyó impune.
Nunca Más no es pasado. Es presente. Es futuro. Es la decisión, tomada y retomada sin descanso, de que ninguna generación que venga después pueda decir que no sabía.
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MEMORIA · VERDAD · JUSTICIA
24 de marzo de 1976 · 24 de marzo de 2026
FUENTES Y REFERENCIAS
— CONADEP — Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Informe Nunca Más (1984). Buenos Aires: EUDEBA.
— Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) — Informes anuales 1986–2025.
— Abuelas de Plaza de Mayo — Base de datos de nietos restituidos. Actualización marzo 2026.
— Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) — Estadísticas de juicios por crímenes de lesa humanidad 2003–2026.
— Archivo Nacional de la Memoria (ANM) — Acervo documental. Buenos Aires.
— UNESCO — Registro de la Memoria del Mundo: Informe Nunca Más. París, 2003.
— Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998/2002) — Artículos 7 y 8: crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
— Novaro, Marcos y Palermo, Vicente — La dictadura militar (1976–1983). Buenos Aires: Paidós, 2003.
— Verbitsky, Horacio — El vuelo: confesiones de un oficial de la Armada argentina. Buenos Aires: Planeta, 1995.
— McSherry, J. Patrice — Los Estados depredadores: la Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina. Santiago: LOM Ediciones, 2009.
— Informe del Departamento de Estado de los EE.UU. — Archivos desclasificados sobre la Operación Cóndor (1999–2002).
— Sentencia Megacausa Plan Cóndor — Tribunal Oral Federal N.° 1, Buenos Aires, 27 de mayo de 2016.
Este artículo periodístico fue producido con propósito educativo y conmemorativo en el 50.° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.


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